Desde el Hospital Regional de Copiapó fue formalizada este jueves una mujer de 27 años por el delito de aborto consentido, contemplado en la Ley 21.030, tras haber confesado haberse realizado un aborto con el medicamento Misoprostol.
La denuncia provino desde el mismo Hospital San José del Carmen cuando la madrugada de este martes la mujer colombiana –quien no cuenta con antecedentes penales– llegó al centro asistencial buscando ayuda, avisando haber usado el medicamento para abortar, según retrató el Diario Atacama.
En la audiencia, que se llevó a cabo de forma telemática con la mujer aún hospitalizada y bajo medidas de seguridad como grilletes, la fiscalía indicó contar con los antecedentes de la autopsia del feto de entre 9 y 10 semanas, la denuncia del recinto asistencial, los restos del medicamento en su cuerpo y la declaración de la mujer, formalizándola y otorgándole así los tribunales la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual por los 90 días en que se extenderá la investigación.
De acuerdo a la ley vigente, la mujer podría arriesgar hasta cinco años de cárcel, sin embargo, de acuerdo a un estudio publicado este año por la Corporación Miles, solo un porcentaje muy bajo de las personas condenadas por aborto han cumplido prisión efectiva.
El caso llega en medio de la polémica discusión del aborto, respecto al cual el Gobierno busca despenalizarlo hasta las 14 semanas. Así lo anunció el presidente Gabriel Boric Font en su última cuenta pública, con el proyecto habiendo ingresado el pasado miércoles 28 de mayo para que se tramite en el Congreso, desatando diversas reacciones en el mundo político y religioso.
Aborto en cifras: estudio de Miles
En enero de este año la Corporación Miles publicó el estudio “Investigación sobre la criminalización del aborto en Chile, en el periodo 2012-2022”, que analizó cómo han sido abordados los casos de presuntos abortos en nuestro país en esa década.
De acuerdo a lo recopilado por la organización, en aquel periodo se encontraron 459 causas judicializadas de personas acusadas de cometer un aborto consentido (teniendo en cuenta que la ley también pena a quienes provocan un aborto a una persona embarazada sin su consentimiento, delito de mayor gravedad).
De estas 459 personas, un 10% no ameritaban inicio del proceso por haber sido abortos espontáneos acreditados, pero que aún así se realizaron denuncias que iniciaron el proceso. Un 39%, equivalente a 172 personas, fueron sobreseídas definitivamente y un 11% fueron condenadas, o sea, 49 personas. Del total de personas investigadas, en 183 casos fueron formalizadas, equivalente a un 41%.
Sobre medidas cautelares, estas se dictaron en un 45% de los casos, siendo la más frecuente la prohibición de salir del país, seguida por firma mensual, y en 12 casos, prisión preventiva. Para a quienes se les dictó la medida cautelar más gravosa, la mitad se decretó por menos de un año, a un cuarto un periodo entre 1 a 2 años y 4 personas han tenido una duración de prisión preventiva por más de 10 años.
Respecto a las 49 condenas, 27 fueron condenadas a presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), pero en la mayoría de los casos se aplicó una pena sustitutiva sin cárcel, identificándose el cumplimiento de una pena efectiva en solo 3 casos.
En relación al perfil de las personas investigadas, un 87% eran de sexo femenino, y la mayoría pertenecen al tramo etario de 18 a 35 años. A Miles le alertó la situación de una niña de 13 años que transitó por una causa penal por el delito de aborto consentido. Un 75% de las personas investigadas eran chilenas y la gran mayoría contó con defensa pública, con menos de un 10% contando con defensa privada.
Sobre cómo iniciaron los procedimientos penales, la gran mayoría (98%) fueron por denuncia, con menos de un 2% comenzando por querella. De estas denuncias, un 59% fueron anónimas, y la mayor cantidad de denuncias conocidas fueron realizadas por personal de salud en todos los niveles de atención, tal como fue el caso de la mujer formalizada esta semana en Copiapó.
A las denuncias desconocidas le siguen las presentadas por conocidos de las personas investigadas y por último instituciones vinculadas con la justicia. Sin embargo, de las 263 personas respecto a las cuales se desconoce quién interpuso la denuncia, 114 recibieron atenciones hospitalarias post aborto, “circunstancia que hace presumible que la denuncia también se inicia desde el establecimiento de salud”.
De acuerdo al último informe presentado por Ximena Aguilera, ministra de la mujer, desde 2018 hasta la fecha, un total de 5.324 han optado por interrumpir su embarazo acogiéndose a la ley vigente. Un 43% fue por inviabilidad del feto, un 29% por riesgo de muerte materna, y la menor cantidad de los casos, equivalentes a un 27%, por violación. Por esta última causal, 388 menores de edad buscaron interrumpir su embarazo, siendo 160 de ellas menores de 14 años.
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