Fiscalía vs Fiscalía: el cerco al tío abuelo de Tomás que desata encrucijada en el Ministerio Público

Dos nuevos informes —que se guardan con extremo celo al interior de la Fiscalía de Los Ríos— podrían ser clave para el futuro de Jorge Escobar Escobar, tío abuelo del menor T.E.B.G., que figura como único sospechoso en la arista que lleva la jefa del Ministerio Público en la zona, Tatiana Esquivel.

De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, los documentos corresponden a los resultados de peritajes de ADN que —aseguran fuentes de esta Unidad de Investigación— vincularían directamente al hombre de 61 años con lo sucedido al menor en febrero de 2021. Según la última autopsia emitida por el Servicio Médico Legal (SML), T. murió asfixiado durante una agresión sexual.

Los nuevos hallazgos se dan luego de que el Ministerio Público cerrara nuevamente el cerco sobre Escobar. Y es que la persecutora consiguió autorización para escuchar por más de un año las comunicaciones de varios integrantes del núcleo familiar del imputado. Justamente esos avances abren una compleja encrucijada al interior del organismo. ¿La razón? Una eventual formalización se vería impedida porque actualmente se realiza un juicio por abandono de menor con resultado de muerte contra Escobar. Esa arista la lidera una fiscalía distinta: la del Bío Bío, encabezada por Marcela Cartagena.

En simple, no se pueden tener dos verdades judiciales por un mismo hecho. Menos con un mismo imputado.

La “comedia de errores”

La primera formalización contra Jorge Escobar ocurrió el 2 de marzo de 2021, por el delito de homicidio calificado. Habían pasado cuatro días desde que encontraron el cuerpo de T.

Según cuentan hoy fuentes conocedoras del proceso, el entonces fiscal del caso, José Ortiz, se “obnubiló” con la presión mediática, por lo que decidió comunicarle cargos sin tener antecedentes concretos en contra del imputado. Desde ahí, se abrió una “comedia de errores” que concluyó con Escobar sobreseído.

En enero de 2023, la indagatoria tomó un nuevo giro cuando la Fundación Amparo y Justicia amplió su querella contra el tío abuelo del niño. Esta vez, el delito imputado era diferente: abandono de menor con resultado de muerte.

Eso le dio una nueva oportunidad a Cartagena, quien —de manera paralela— abrió una tercera investigación, por violación con homicidio, tras un informe que apuntaba que el menor había muerto en el contexto de una agresión sexual. Sin embargo, al poco andar, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió removerla de esta última arista y encomendársela a una persecutora cercana a él: Tatiana Esquivel.

Según cuentan fuentes cercanas a la indagatoria, esa decisión no hizo más que complicar —aún más— el caso. En la práctica, la determinación de Valencia provocó una competencia interna en el Ministerio Público, especialmente después de que Cartagena decidiera llevar a juicio a Escobar por el abandono.

Quienes conocen al dedillo la investigación sostienen que la fiscal de Los Ríos intentó conseguir antecedentes suficientes que le permitieran formalizar a Escobar antes de que comenzara el juicio en el Bío Bío, La idea era evitar que se declarara inocente o culpable a Escobar por hechos que no se condecían con la evidencia que su equipo había recabado. Pero nada de eso pasó.

Algunos intervinientes intentaron aplazar el juicio, en pos de Esquivel, pero el tribunal rechazó sus pretensiones. Así, Cartagena procedió con el juicio contra Escobar.

Huellas del tío abuelo

Fuentes ligadas al proceso detallan que Esquivel consiguió 13 autorizaciones judiciales para intervenir los teléfonos de Escobar y su familia por más de un año.

Para lograr esta orden, el equipo de investigadores se basó en antecedentes que poseía justamente la Fiscalía del Bío Bío desde 2021. Aquí figura, por ejemplo, un informe técnico de microscopia electrónica que realizó la perito Marjoris Jara de la Universidad Austral de Chile. Este daba cuenta que las prendas de T. tenían polen, por lo que debió permanecer en un entorno natural. También que sus zapatos estuvieron en contacto con el agua o en un lugar húmedo. Todo eso sería coherente con un intento de ocultar el cuerpo.

El segundo informe fue uno que reveló esta Unidad de Investigación en marzo de 2023 y daba cuenta que la ropa del menor tenía huellas del zapato de Jorge Escobar. Más específicamente, los peritos determinaron que un polerón, una polera y un slip del menor tenían huellas compatibles con los zapatos Albano, talla 39, que usaba el tío abuelo.

Este informe —que hizo el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar)— también demostró que, en las puntas de un cordón de los mismos calzados, habían heces del menor.

Informes decisivos

Esta conclusión fue similar al tercer documento suscrito por los bioquímicos legistas Roberto Celis y Jaime Tellez Igor, quienes determinaron que en el zapato de T. había “perfil genético” de Jorge Escobar. Así también, que en el zapato izquierdo de éste había haces del menor y otro “perfil genético” que pertenecía a Elisa Martínez, hermana del imputado y abuela de T.

Por último, el cuarto informe es el que realizó la doctora Vivian Bustos a cargo de Labocar, el que demuestra que el cadáver fue lavado y trasladado por un “conocedor del territorio, capaz de desplazarse sin ser detectado” y que “tuvo acceso en numerosas ocasiones a éste sin llamar la atención”. También concluía que su muerte ocurrió en el contexto de una agresión sexual, lo que llevó a Marcela Cartagena a comunicar, en un punto de prensa, que el menor había sido víctima de un ultraje.

“Esa cagá de Fiscalía”

Quienes conocieron de las escuchas, aseguran que —en su mayoría— éstas no tienen mayor interés criminalístico. De ahí que la Defensoría Penal Pública intentara, sin éxito, excluirlas como pruebas en el marco de la investigación. Aseguraron que varias de éstas son de índole sexual (por lo tanto, personales) y fueron captadas cuando el imputado estaba en estado de ebriedad.

—Gracias a Dios que estas mierdas no tienen como cagarme sipu. Quieren, pero no pueden, no pueden, y no lo van a poder hacer. Mira a esa cagá de la fiscalía, a todas las hueás, no les tengo miedo, a la justicia no le tengo miedo. Oye, feño, ¿sabí por qué no le tengo miedo? Porque yo soy inocente de todas las hueás que me han levantado. Lo que me ha levantado la gente, lo que me ha levantado la tele, lo que me ha levantado la fiscalía. Si todas esas hueás, mira ahí po: yo he estado en contra de todas esas mierdas po (sic)—reza una interceptación a Escobar fechada el 26 de febrero de 2024.

Además de esos antecedentes, tres nuevos informes fueron allegados al expediente judicial en las últimas semanas. El primero, llegó tres días antes de que iniciara el juicio en el Bío Bío. Corresponde a una “autopsia final” que ratificó que T. murió por asfixia durante una agresión sexual. Adicionalmente, concluyó que su data de muerte es compatible de haber sucedido el mismo día que desapareció. Es decir, el 17 de febrero de 2021. Este mismo documento sirvió de base para que la Defensoría de la Niñez solicitara aplazar el inicio del juicio en el Bío Bío, una postura que fue compartida por varios de los intervinientes, quienes también buscaban esperar resultados de Esquivel. La razón es simple: la mayoría apostaba a la arista de violación con homicidio que se investiga en Los Ríos y no a la de Cartagena. Sin embargo, la petición fue rechazada.

Una vez iniciado el juicio, Escobar aseguró que a él le sacaron a T. cuando bajó a buscar una vaca que se le había perdido. En una de las pocas declaraciones que entregó a la prensa comentó que “encontró unas huellitas como de tres metros donde él (T.) caminó”.

Para fundamentar esa hipótesis, su defensa facilitó un video donde se ve, de manera difusa, una tercera persona que podría estar involucrada en la desaparición. La madre de T., Estefanía Gutiérrez, dijo a CHV que vio esas imágenes y “le quedó claro que había otra persona en el lugar”.

Material genético

Según explican conocedores del proceso judicial, había motivos para hacerlo: dos días después del inicio del juicio que se realiza en el Tribunal Oral de Cañete llegaron los otros dos nuevos informes que apuntan contra Jorge Escobar.

De acuerdo a información recabada por esta Unidad de Investigación, corresponden a peritajes de ADN —que fueron declarados inmediatamente bajo reserva por Esquivel— en los que se habría detectado compatibilidad de material genético con el del imputado.

Se trata de informes probabilísticos que posicionarían a Escobar nuevamente como el único sospechoso de los hechos y que servirían para una eventual formalización. Si bien se desconoce el grado de coincidencia, ya existen precedentes de comunicación de cargos con antecedentes similares. Sin ir más lejos, ocurrió en el caso de Manuel Monsalve: allí, el ADN encontrado en la víctima era 83 millones de veces más probable que correspondiera a la huella genética de la exautoridad que al de otra persona.

Las nuevas evidencias, sin embargo, generan un problema mayor: no existe claridad procesal si la fiscalía puede volver a formalizarlo ni mucho menos condenarlo por un mismo hecho. Es decir, por la muerte de T. El Artículo 1 del Código Procesal Penal es claro:

“La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho”.

Situación sui generis

Esa visión es compartida por el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, representante de Escobar.

—Nadie puede ser sometido a una doble persecución y desde el momento que la investigación contra Escobar por el delito de homicidio calificado terminó luego de dos años, esta no puede ser nuevamente juzgada —dice el letrado.

Pizarro ha estado desde el primer momento a la cabeza de la defensa del imputado y ha cuestionado duramente la labor del Ministerio Público en este caso.

—El sesgo investigativo continúa en contra de Escobar, es lo único que justifica que la Fiscalía de Los Ríos lo siga tratando como imputado. Por ende, no vamos a especular, solo vamos a actuar, tal como lo hemos hecho hasta el día de hoy —sentencia.

Otros expertos apuntan a lo mismo: es poco lo que se puede hacer en este escenario. Varios, fuera de micrófono, cuestionan la decisión de Valencia de entregar, el mismo caso, a dos reparticiones del organismo que, en el papel, no pudieron coordinar un actuar conjunto.

—Es una situación bien sui generis, bien inexplicable de parte de la Fiscalía Nacional. El peor escenario es que Tomás no va a tener justicia —se lamentan conocedores de la materia.

Para Cristian Echayz, abogado del padre de T., Moisés Bravo, lo cuestionable durante estos años es la coordinación que han tenido ambas fiscalías.

—A nuestro juicio, la decisión que debiera tomar el Ministerio Público hoy día es aquella que permita que sea viable la persecución penal por el delito más gravoso que le ocurrió al menor, y en ese sentido, tal como ha sido de público conocimiento hoy día, hay antecedentes científicos y certeros de que el menor fue objeto de una lesión de un ataque de tipo homicida. Por lo tanto, la Fiscalía Nacional debiera instruir o coordinar las acciones entre sus fiscales regionales a fin de que se inicie la persecución penal respecto de ese hecho tan grave —lanza.

Pocas opciones

Cristian Riego Ramírez, abogado y director de las Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales, parte de la base de que las causas nunca debieron separarse. Menos si se pensaba que podía ser acusado por homicidio.

—Yo creo que hoy día, la acusación por homicidio parece totalmente imposible. Aquí hay un principio que es el de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Por lo tanto, si hay un juicio por abandono de menor y básicamente ese abandono habría concluido en la muerte (…) entonces no lo pueden imputar por homicidio, porque es claramente el mismo hecho.

Según el máster en Derecho, la opción más viable sería comunicarle nuevos cargos, pero sólo sería posible el delito de violación.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Manríquez, experto en Derecho Penal, explica que hay un principio de consunción que podría funcionar. En simple, si a un sujeto se le acusa por un delito más grave, absorbe el delito previo, pero, tendría que abandonar la persecución actual y acusarlo en un tiempo más adelante por otro.

—El problema es doble. Primero, hay un mismo sujeto que tiene dos imputaciones por los mismos hechos con dos calificaciones jurídicas distintas. Según el Código Procesal Penal, cuando contra un acusado se llevan dos acusaciones separadas y eso afecta su derecho a defensa, la defensa podría pedir por primera vez que se agrupe. Cuestión muy excepcional porque la fiscalía puede agruparlas dice el Código, o desagruparlas, según su conveniencia estratégica.

Desde la Fiscalía Nacional, se defienden. Dicen que cada fiscalía regional actúa de manera independiente, y “el fiscal nacional no puede dar instrucciones en casos particulares”. Esto se resume a que Cartagena y Esquivel pueden dirigir y liderar a su antojo.

—Las decisiones que se adoptan son siempre teniendo presente el principio de objetividad, buscando los mejores resultados para la persecución penal, y la protección de víctimas y testigos. En este caso, existen coordinaciones continuas entre las dos fiscalías regionales que tienen investigaciones, más cuando el caso a investigar tiene diversas aristas y se trata de hechos de la mayor gravedad que tuvieron un resultado tan lamentable.