Acreditación y desarollo país: el aporte no evaluado de las universidades públicas

La educación superior en Chile se caracteriza por su alto nivel de mercantilización, su masificación y su carácter segregador.

El grueso de la matrícula se encuentra en instituciones privadas, que reciben recursos públicos mediante el financiamiento de la demanda, vía beneficios arancelarios para las y los estudiantes. Si bien, que el sistema sea diverso y cuente con instituciones privadas, enriquece las opciones y posibilidades de cursar estudios superiores, un sistema de educación superior robusto debe contar con instituciones públicas fuertes, sostenibles y que contribuyan al desarrollo.

En ese marco, el Estado ha asumido un rol de supervisor a la distancia del sistema, sin tener una labor central en la formación de los futuros profesionales del país, ni en cultivar las instituciones públicas como la conciencia crítica de la nación. Esta supervisión se manifiesta mediante el sistema de aseguramiento de la calidad.

De este modo, las universidades persiguen el cumplimiento de los criterios y estándares establecidos, para en último término acumular prestigio para competir en el mercado de matrículas y recursos públicos asociados a la acreditación. Por lo tanto, desde el establecimiento de metas cortoplacistas.

Estos criterios de acreditación se aplican a todo el sistema de forma estandarizada y con una gramática de modernización mediante la rendición de cuentas. Sin embargo, estos criterios no dialogan con otro instrumento de política pública clave, como la Ley de Universidades del Estado. Esta mandata a las universidades del Estado a contribuir al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo social, económico y cultural de los territorios. Junto a ello, desde una visión de sistema de educación superior pública, debe articularse y coordinarse con otras instituciones estatales. Además, de apoyar en la implementación de políticas públicas.

No obstante, estos elementos no figuran en los criterios estándares, que desde este año incluye como área de acreditación obligatoria a la vinculación con el medio. Por lo tanto, existe un desacople entre el mandato de la ley y por lo que se evalúa a las universidades estatales.

Esto no quiere decir que se deba rechazar la evaluación de las instituciones, sino que, resguardando la autonomía universitaria, el sistema de aseguramiento de la calidad debería contribuir a que las universidades aporten más profundamente al país.

El rol estratégico de las universidades públicas

En ese marco, para las universidades estatales, al tener un mandato especial y una función estratégica, se debería considerar en la evaluación de aspectos específicos para estas instituciones, como el aporte a la democratización del conocimiento y el acceso a bienes culturales; el aporte a los objetivos de desarrollo de las regiones, articulando con los gobiernos regionales; aporte al diseño y evaluación de políticas públicas; generación de alianzas y colaboraciones con otros organismos del estado; la contribución en innovación y desarrollo tecnológico del país.

Lo anterior, con el respectivo acompañamiento de recursos para el cumplimiento de estos objetivos.

En un contexto de proliferación de discursos anticiencia y negacionistas de nuestra historia, de inestabilidad internacional y de ataque al conocimiento libre, el sistema de universidades estatales debe trabajar desde una visión estratégica de desarrollo país y cumplir su rol de conciencia crítica de la nación, para que, desde el pluralismo y el pensamiento crítico, se cultiven escenarios posibles. Para ello, Chile necesita un sistema de aseguramiento de la calidad que considere el rol especial de las universidades estatales y su aporte al desarrollo de los territorios.