Educación pública y financiamiento, una discusión que exige altura

Por: Jorge Fuentealba Arcos
Decano Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción
Ricardo O. Barra
Director Centro EULA, Universidad de Concepción

Un debate eclipsado por la coyuntura

En el Parlamento se discute la propuesta del presidente Gabriel Boric para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) como mecanismo de financiamiento de la educación superior. Este sería reemplazado por una nueva iniciativa denominada FES (Financiamiento para la Educación Superior), que busca evitar que los egresados contraigan deudas con el sistema financiero. En su lugar, la deuda se pagaría al Estado una vez que el profesional haya egresado, durante un período máximo de 20 años, y sin superar el 8% de su ingreso bruto.

Debido a que múltiples temas ocupan la agenda pública, los debates sobre este tema han quedado en un segundo plano a partir de las polémicas desatadas por el “Caso Audios”, “Procultura”, “Monsalve”, etc.

Pero se trata de una discusión de la mayor importancia, considerando la relevancia de la formación universitaria en Chile y de cómo aseguramos su calidad, pertinencia y sostenibilidad, en la provisión de profesionales idóneos, con reforzadas convicciones éticas para su ejercicio profesional y también para aprovisionar la academia y el recambio de académicos que retomen los liderazgos formativos y la generación de conocimiento.

La carrera académica es un extenso proceso de formación que abarca el grado profesional, magíster, doctorado y postdoctorado, todos ellos con exigentes etapas de evaluación. Ingresar a la academia implica el reconocimiento de méritos y antecedentes que, en muchos casos, se construyen durante al menos 12 a 15 años desde el egreso universitario. Este camino representa una inversión a largo plazo por parte de la sociedad, con la expectativa de que dicha formación contribuya significativamente a su desarrollo y productividad futura.

¿Es sostenible el sistema con bajo crecimiento?

En 2022, el gasto público en educación superior representaba el 1,1% del PIB (según la Contraloría General de la República) y en 2024 se duplicó, alcanzando un 2,4% (OCDE). Es muy poco probable que un profesional universitario ingrese al mundo laboral ganando menos de 500 mil pesos –el límite para el compromiso de pago para el FES–, con lo cual queda casi implícito que su tasa de retorno interno se verá afectada con un tributo sin contraprestación.

En efecto, si no despegamos realmente en la próxima década por sobre el 2% del crecimiento anual, las posibilidades de sustentar un universo en formación que pasó de 500 mil estudiantes en 2006 (antes del CAE) a 1.200.000 estudiantes hoy, será muy complejo. La posibilidad de segregación y de precarización de los futuros profesionales es una cuestión latente que debe estar en la actual discusión.

Por ello, instituciones con la trayectoria y madurez de la Universidad de Concepción no pueden permanecer al margen de estas discusiones. Es fundamental que participen activamente, asumiendo el interés público con el que fueron concebidas, y cultivando la confianza y la fe pública que la sociedad ha depositado en ellas. Su voz debe ser una propuesta que se escuche y se valore por su excelencia, contribuyendo así a avanzar hacia el bicentenario con el compromiso inquebrantable de ser garantía de calidad y continuidad en la formación de las futuras generaciones, tal como lo ha hecho durante estos 106 años.